Pronunciamiento ante la situación actual de Bolivia

30 de Octubre – 2019

La articulación de la Sociedad Civil organizada, conformada por instituciones y activistas de derechos humanos se pronuncia frente a la crisis política en nuestro país, exhortando a encontrar salidas que fortalezcan la institucionalidad democrática, el respeto y protección de los derechos humanos de nuestra población.

Como Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación nos sumamos al presente pronunciamiento

Pronunciamiento

La Sociedad Civil Organizada pide respeto y garantías para la manifestación pacífica y la adopción de medidas para una salida pacífica y democrática de la crisis. Las organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación por los hechos de violencia suscitados en varias ciudades, y ante la posible profundización del conflicto a niveles no aceptables de convivencia pacifica y armónica dentro de los limites de un Estado Constitucional de Derecho e incompatibles con los valores democráticos que deben primar en situaciones como la presente.

El derecho a la protesta pacífica es expresión de una democracia saludable, ha permitido el desarrollo de los derechos humanos y las conquistas sociales alcanzadas, gozando de especial protección en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos como una forma de expresión de las demandas y voluntad popular.

Acogemos, por tanto, el llamado que han realizado organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH al Estado boliviano en días pasados, recordando que el uso de la fuerza durante las manifestaciones debe aplicarse en circunstancias excepcionales, y conforme a las leyes vigentes que comprenden los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

De allí que el Estado boliviano tiene el deber de prestar las garantías necesarias para la expresión popular en el marco de su derecho a la reunión, manifestación pacífica, y sólo establecer límites en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado en resguardo de la seguridad y la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía

Asimismo, vemos con preocupación el debilitamiento de los valores democráticos, especialmente la intolerancia, la falta de respeto, la poca cultura de paz y la irresponsabilidad en las declaraciones de sectores oficialistas y oposición, llegando al punto de propiciar enfrentamientos entre ciudadanos y ciudadanas con consecuencias en la integridad personal de varias personas.

Actualmente, las redes sociales desempeñan un papel vital en ayudar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a la comunidad a organizarse, y dar voz a sus preocupaciones, sin embargo estas no deben convertirse espacios de vigilancia censura, acoso o incitación a la violencia a través de las plataformas de medios sociales.

Condenamos especialmente los discursos públicos de algunas autoridades y lideres que promueven gente a la confrontación ya la restricción de las libertades de la población que ejerce su derecho de manifestación pacífica, por lo cual alertamos a los actores relevantes sobre el impacto que tienen los discursos que están utilizando que exacerban los ánimos de los manifestantes y contribuyen a la creación de un ambiente violento, que promueve el odio y confrontación en el conflicto que vive nuestro país y que reavivan posturas racistas machistas y homofóbicas.

Frente al importante desafío de afrontar la crisis política con salidas que fortalezcan la institucionalidad democrática, el respeto y protección de los derechos humanos de la población desde las organizaciones redes y colectivos de la sociedad civil de Bolivia, defensoras y defensores de derechos humanos nos manifestamos:

• Exigimos al Estado otorgar las garantías necesarias a todas las personas para ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente, con especial protección a las libertades de expresión, opinión, reunión pacífica, libre información y participación en asuntos públicos.

• Instamos a las autoridades a garantizar la seguridad de la población que se encuentra movilizada ya un uso proporcional del poder punitivo, especialmente en las detenciones cuyos procesos deberán enmarcarse en el debido proceso y cumplir con condiciones de imparcialidad e independencia frente a la ley.

• Demandamos la otorgación de garantías reforzadas para defensores y defensoras de derechos humanos, y particularmente a periodistas que están recibiendo ataques o amenazas en el marco de su labor de cobertura. En este marco exigimos que se garantice a la ciudadanía en general, y en especial a trabajadores de la prensa el acceso a la información pública garantizando una cobertura adecuada, imparcial a los hechos acontecidos en este conflicto.

• Exhortamos a la ciudadanía a ejercer sus derechos con apego a los valores democráticos de tolerancia, pluralidad y respeto Hacemos un llamado enfático a evitar la desinformación a partir de la circulación de información falsa, que busque confundir, exaltar los ánimos, generar temor y confrontación entre la población reiterando la importancia de verificar fuentes y veracidad sobre los datos que se comparten.

 • Consideramos, inadmisibles, desde todos los actores decisores y en conflicto, el uso de advertencias o amenazas que ponen en riesgo la seguridad de las personas movilizadas o el acceso a servicios.

• Convocamos al Estado a promover salidas pacificas y democráticas a la crisis que vive el país, brindando respuestas consensuadas, oportunas y legitimas a la población.