PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Rechazo a la Resolución Ministerial 0050/2020 que clausura el año escolar vulnerando el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en Bolivia

CAMPAÑA BOLIVIANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, 4 de agosto de 2020.

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), instancia que articula a organizaciones nacionales e internacionales, redes, organizaciones sociales, instituciones académicas y activistas, reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental y habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos.

La educación en Bolivia es un derecho constitucionalizado, el Estado es garante del derecho a la educación y su obligación es irrenunciable. La Constitución Política del Estado dispone que la educación fiscal es gratuita y “constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Artículo 77) y que “toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (Artículo 17).

Este domingo 2 de agosto de 2020 el gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia anunció la determinación de clausurar la gestión escolar para los ciclos inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio, argumentando el riesgo por la pandemia COVID-19 y el “retraso tecnológico producto de las últimas décadas”; decisión avalada en la Resolución Ministerial 0050/2020 de fecha 31 de julio.  De la misma forma, el gobierno ha calificado de “radical y partidista” la movilización de sectores educativos en desacuerdo con la gestión educativa gubernamental desde el inicio de la pandemia.

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), en reunión ampliada ante el contexto de emergencia educativa expresa:

  1. Su profunda preocupación ante la medida anunciada por el gobierno transitorio, por vulnerar el derecho a la educación de casi tres millones de estudiantes del sistema educativo nacional, atentando contra su desarrollo integral, protección social y oportunidades de vida a corto, mediano y largo plazo. Dicha preocupación tiene lugar desde el inicio de la pandemia que ha puesto en evidencia con mayor fuerza las desigualdades sociales existentes.
  • Que las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación, especialmente, hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, pueblos indígenas y personas con discapacidad, pues la medida amplía la desigualdad social y económica de la población, profundizando las brechas entre áreas rurales y urbanas, y en el acceso a tecnologías de comunicación e información, así como las diferencias entre educación privada y fiscal, lo que propicia el riesgo acelerado de privatización de la educación.
  • Que la medida tendrá un impacto altamente negativo en las oportunidades de desarrollo de millones de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país y profundizará las problemáticas de violencia, feminicidio e infanticidio, considerando que los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización y el trabajo productivo; lo que ha exacerbado situaciones de violencia y ha incrementado la carga de trabajo de las mujeres relacionada con la atención a los integrantes de sus familias.
  • Rechazo a la censura del gobierno transitorio hacia los sectores educativos que, en legítima discrepancia con el manejo actual de la educación, se han movilizado para exigir lineamientos claros y respuestas a la crisis del sistema educativo, entre ellos: magisterio, organizaciones estudiantiles, madres/padres de familia y organizaciones indígenas en defensa del derecho a la educación. El Ministerio de Educación no ha promovido ni convocado a espacios de diálogo y participación de la sociedad civil en la decisión adoptada.

Considerando todo lo señalado, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación:

Exige la derogación de la Resolución 0050/2020 que clausura el año escolar y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia en consecución de la Constitución Política del Estado.

Insta a que el gobierno asuma su responsabilidad más allá de la coyuntura política y responda a los desafíos que impone la crisis educativa, anteponiendo a sus intereses político-partidarios; los intereses de la población.

Demanda que el Ministerio de Educación convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos: magisterio, padres/madres de familia, organizaciones estudiantiles y comunidades educativas, para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.

Finalmente, la CBDE se solidariza con las demandas legítimas de los sectores educativos en defensa del derecho a la educación y convoca a la ciudadanía a mantenerse alerta para defender y restituir este derecho fundamental para niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado Plurinacional de Bolivia.

POR LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación

4 de agosto de 2020

Adhesiones:

Redes nacionales:

  • Asociación Colmena Juvenil
  • Brigadas Juveniles de Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación Tarija
  • Católicas por el Derecho a Decidir – Bolivia, CDD-Bolivia
  • Centro de Multiservicios Educativos – CEMSE
  • Centro de investigación para el Desarrollo Socioeconómico – CEINDES
  • Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, CEADL
  • Centro de Comunicación Cultural Chasqui
  • Colectivo Silene
  • Comunidad de Investigación Acción en Derechos y Ciudadanías – Diversidad
  • Edukans
  • EMPIRIA – Conocimiento Incalculable
  • Fe y Alegría – Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social
  • Federación de Estudiantes de Secundaria – Tarija
  • Fundación Comunidad Productores en Artes – COMPA
  • Fundación Colectivo Cabildeo
  • Fundación Construir
  • Fundación Machaqa Amawta
  • Fundación Teko- Kavi
  • Fundación Wayna Tambo
  • Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de la Carrera de Trabajo Social, IIISP-TS
  • Inti Phajsi
  • InteRed Por una educación transformadora
  • La Casa de la Chola – El Alto
  • «La casa del Loco» Tupiza
  • Movimiento Estudiantil de Latinoamérica y el Caribe (MELAC)
  • Observatorio de Políticas Públicas y Sociales (OPPS) UMSA
  • Organización Mundial Para la Educación Preescolar (OMEP)
  • Psinergia, Centro de Investigación y Desarrollo Humano
  • Red de la Diversidad
  • Red de Líderes y Lideresas, Tú decides
  • Sipas Tambo – Sucre
  • Tejido de Cultura Viva Comunitaria Bolivia CVC Bolivia
  • Visión Juvenil AVE, Visión, Amistad y Esfuerzo

Redes internacionales:

  • Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación – CADE
  • Campaña por el Derecho a la Educación en México – CADEM
  • Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
  • Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM)
  • Pressenza- Agencia Internacional de Noticias de Paz y No violencia

https://drive.google.com/file/d/1aqcSWo25ErkVrl3OQ9sWqvm4M0yfDHia/view?usp=sharing (PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO)